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  • Impugnación de testamento por incapacidad mental de la testadora

     

    Sentencia de la AP de Burgos, de 27 de Marzo de 2013 

     

    Análisis jurisprudencial por Heredium Abogados

     

     

    Parte de los coherederos del testamento pidieron la nulidad del mismo ante el Juzgado de Primera Instancia alegando incapacidad mental de la testadora en el momento de otorgar testamento.

     


     

    El juzgado desestimó la demanda al entender que no quedaba demostrada dicha incapacidad, por lo que los denunciantes recurrieron la sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos.

     


     

    La Audiencia Provincial desestimó dicho recurso, y argumentó su decisión de la siguiente manera:

     


     

    - Dado que el úncio motivo de la impugnación y único motivo de la apelación es un error en la valoración de la prueba, expone con detalle la doctrina jurisprudencial sobre el consentimiento testamentario y la interpretación y aplicación del art 663 CCV referente a la emisión de la voluntad testamentaria.

     


     

    Al respecto, señala reiteradamente el Tribunal Supremo que la sanidad de juicio se presume en toda persona que no haya sido previamente incapacitada pues a toda persona debe reputarse en su cabal juicio, como atributo normal del ser de modo que, en orden al derecho de testar, la integridad mental indispensable constituye una presunción iuris tantum que obliga a estimar que concurre en el testador capacidad plena y que sólo puede destruirse por una prueba en contrario evidente y completa muy cumplida y convincente de fuerza inequívoca, cualquiera que sean las últimas anomalías y evolución de la enfermedad, aún en estado latente en el sujeto, pues ante la dificultad de conocer donde acaba la razón y se inicia la locura, la ley requiere y consagra la jurisprudencia que la incapacidad que se atribuya a un testador tenga cumplida demostración.

     


     

    La falta de capacidad del testador por causa de enfermedad mental ha de referirse forzosamente al preciso momento de hacer la declaración testamentaria, y la aseveración notarial acerca de la capacidad del testador adquiere especial relevancia de certidumbre y por ella es preciso pasar, mientras no se demuestre cumplidamente en vía judicial su incapacidad, destruyendo la enérgica presunción iuris tantum, que revela el acto del otorgamiento, en el que se ha llenado el requisito de tamizar la capacidad del testador a través de la apreciación puramente subjetiva que de ella haya formado el notario, restando por añadir que la intervención de facultativos no es necesaria en supuestos de otorgamiento de testamento por quien no se halle judicialmente declarado incapaz, lo que no implica que puedan intervenir, especialmente si el notario lo prefiere para asegurarse de la capacidad del otorgante, pues el artículo 665 del Código Civil , no es aplicable al caso de quien otorga testamento sin estar judicialmente incapacitado.

     


     

    Por otra parte, es constante la jurisprudencia que de antiguo y en interpretación de tales preceptos ha establecido:que la incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus propios actos, no bastando apoyarla en simples presunciones o indirectas conjeturas, siendo un ir contra los preceptos reguladores de la testamentifacción y la jurisprudencia el declarar nulo un testamento por circunstancias de carácter moral o social, nacidas de hechos anteriores o posteriores al acto del otorgamiento, por ser un principio de derecho que la voluntad del hombre es mudable hasta la muerte, que ni la enfermedad ni la demencia obstan al libre ejercicio de la facultad de testar cuando el enfermo mantiene o recobra la integridad de sus facultades intelectuales o el demente tiene un momento lúcido, que son circunstancias insuficientes para establecer la incapacidad: la edad senil del testador, que el otorgante se encuentre aquejado de graves padecimientos físicos, pues ello no supone incapacidad si estos no afectan a su estado mental con eficacia bastante para constituirle en ente privado de razón, no obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador padezca una enfermedad neurasténica y tenga algunas extravagancias, cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio según testimonian el notario y los testigos.

     


     

    La incapacidad o afección mental ha de ser grave, hasta el extremo de hacer desaparecer la personalidad psíquica en la vida de relación de quien la padece, con exclusión de la conciencia de sus propios actos.

     


     

    La falta de capacidad por causa de enfermedad mental ha de referirse forzosamente al preciso momento de hacer la declaración testamentaria.

     


     

    Ha de presumirse la capacidad del testador en tanto no se demuestre negativa y concluyentemente que al tiempo de realizar la declaración testamentaria tenía mermadas las potencias anímicas de raciocinio y de querer con verdadera libertad de elección, postulado y presunción "iuris tantum" que se ajusta a la idea del "favor testamenti" y que suponen el mantenimiento de la disposición en tanto que no se acredite con la seguridad precisa que el testador estaba aquejado de insania mental.

     


     

    La destrucción de esta presunción, cuando esté asistida de la apreciación afirmativa de la capacidad por el notario, requiere evidentes, concretas y concluyentes pruebas que acrediten la insania del testador, que tiene que aportar el que promueve la nulidad del testamento.

     


     

    La sanidad de juicio del testador es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde a la Sala de instancia tras valorar la prueba practicada de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 316, 319, 326 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , según el medio de que se trate.

     



     

    La Audiencia Provincial, dice que s significativo, y la Sala no puede obviarlo en este proceso de motivación de la sentencia, que junto con la demanda únicamente se aporta como único material probatorio, cuanto se impugnan dos testamentos emitidos con cuatro años de diferencia (2001 y 2005), una especie de "informe-recordatorio" de un psicólogo que se fecha en el año 2011 y que relata hechos del año 1989 sobre una única visita de la causante.

     


     

    En ese informe retrospectivo no se expone ninguna enfermedad que limite su cabal juicio a los efectos de la emisión libre y voluntaria de su voluntad testamentaria y donde no se recoge test-mimental alguno, ni medicación, ni deterioro cognoscitivo, salvo un leve deterioro por amnesia de fijación y cierta desorientación, y donde no se va más allá de exponer una impresión diagnóstica de trastorno de dependencia o de trastorno del estado de ánimo y ansiedad que ni se explicita en sus efectos, ni se expone en que medida podía afectar a su voluntad testamentaria; y ello sin olvidar que el propio informante dice que no realizó ni seguimientos, ni más pruebas y que desconoce su evolución.

     


     

    Reitera que no se impugnael testamento mas próximo a ese documento (el de 1999), sino los testamentos de dos y cinco años después y sobre los que ninguna prueba médica se aporta con la demanda para fundar la pretensión de la demanda.

     


     

    Además, el notario verifica que la causante se encontraba con todas sus facultades mentales y con plena capacidad legal para testar al momento de otorgar el testamento.

     



     

    Es cierto que dada la progresividad del deterioro de la madre de los litigantes y su naturaleza degenerativa su evolución ha sido desfavorable, sobre todo a partir de 2003, como se deriva del informe de la clínica de Navarra de 2003, donde ya se hablaba de probable enfermedad de alzehimer con descenso de puntuaciones, pero también es cierto que mas allá de testimonios parciales o interesados de las partes litigantes divididas en el proceso, es lo cierto que ninguna prueba médica ratificada en el juicio oral y sometida a contradicción ha puesto de manifiesto de forma inequívoca que el día 11-11-2005 la causante no emitió ante el notario autorizante su verdadera voluntad testamentaria que limitaba para tres de sus hijos su disposición a la legítima estricta; y ello sin pasar por alto que en el propio informe de 2003 de Navarra se expone que es autónoma para aseo y vestido, que no tiene alucinaciones, que no está baja de ánimo y que no ha tenido problemas de orientación espacial y que mantiene el mismo nivel funcional.

     


     

    Esta ausencia probatoria no puede suplirse con los testimonios interesados, incompatibles y totalmente divergentes de familiares directos (hijos litigantes) o indirectos (yerno) o poco determinantes de una empelada de hogar.

     


     

    Al Tribunal no le resulta posible afirmar que el día 11-11-2005 la testadora no tenía capacidad para emitir su voluntad testamentaria y que el notario autorizante valoró de modo incorrecto su apreciación de la capacidad de la testadora; por lo que debe de entenderse que la parte acorta no ha superado, ni la presunción de veracidad de la manifestación notarial, ni la carga de la prueba de acreditar la falta de capacidad; ni la presunción del art 662 C.Cv de que pueden testar todos aquellos a los que la Ley no se lo prohíbe, como serian los supuestos del art 663 CCV.

     



     

    Jurisprudencia vista en el caso:

     


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      STS 1-II-1956

    •  

      STS 25- IV-1959

    •  

      SSTS 8-V-1922; 3-II-1951

    •  

      SSTS 10-IV- 1944; 16-II-1945

    •  

      STS 20-II-1975

    •  

      STS 25-IV-1959

    •  

      SSTS 23-II-1944; 1-II-1956

    •  

      SSTS 23-III-1894; 22-I-1913; 10-IV-1944; 16-II-1945

    •  

      STS 23-III-1944

    •  

      SSTS 18-IV-1916; 16-XI-1918

    •  

      STS 27- VI-1908

    •  

      STS del 27 de Junio del 2005

    •  

      STS 25-IV 1959

    •  

      STS 25-X- 1928

    •  

      STS 18-IV-1916

    •  

      STS 25-XI- 1928

    •  

      STS 25-X-1928

    •  

      STS 28-XII-1918

    • SAP Madrid, Sec. 18.ª, 440/2012, de 13 de septiembre

    •  

      SSTS de 25 de abril de 1959 y 12 de mayo de 1998

    •  

      SSTS de 25 de abril de 1959 , 10 de abril de 1987 y 18 de marzo de 1988

    •  

      SSTS de 25 de abril de 1959 , 7 de octubre de 1982 , 22 de junio de 1992 , 24 de julio de 1995 y 27 de enero de 1988

    •  

      SSTS de 26 de septiembre de 1988 , 13 de octubre de 1990 , 8 de junio de 1994 , 26 de abril de 1995 , 27 de enero y 19 de septiembre de 1998 y 31 de marzo de 2004

    •  

      SAP Las Palmas, Sec. 4.ª, 333/2012, de 16 de julio

    •  

      STS 29 de marzo de 2004

    •  

      STS 26 de Abril del 2008

    •  

      STS de 27 de noviembre de 1995

    •  

      SSTS de 27 de enero de 1998 , 12 de mayo de 1998 , 27 de junio de 2005

    •  

      STS de 19 de septiembre de 1998

    • STS de 11 de diciembre de 2009

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